En un momento de definiciones para la Policía Nacional del Perú (PNP), el General Víctor Revoredo se pronunció sobre la posible reestructuración de la alta cúpula de la institución, enfatizando que ningún oficial es indispensable. Sus declaraciones llegan en medio de un debate sobre la continuidad de los mandos policiales, subrayando la importancia de que los intereses institucionales respondan a las necesidades ciudadanas y no a beneficios particulares.
Revoredo fue contundente al señalar que la PNP debe acatar las directivas del ministro del Interior, César Astudillo, y cumplir con los objetivos establecidos. «Nadie es indispensable. Es un equipo», afirmó, destacando la vocación de servicio y la subordinación al poder constitucional que debe regir en la fuerza policial. Este mensaje resuena en un contexto donde la presidenta Keiko Fujimori ha dejado abierta la puerta a posibles relevos.
La mandataria peruana indicó que esperará la evaluación del ministro Astudillo antes de tomar una decisión sobre la situación del Comandante General Óscar Arriola. Fujimori recordó que, si bien existen normativas sobre los períodos de permanencia en ciertos cargos, los nuevos integrantes de su gabinete tienen la potestad de proponer cambios en sus equipos de confianza, incluyendo viceministros y personal técnico. La presidenta también aprovechó para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y la PNP en la lucha contra el terrorismo y, actualmente, contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la minería ilegal.
El futuro de Arriola es incierto, ya que asumió el cargo en septiembre de 2025 (nota: se asume que hubo un error de tipeo en la fecha original y se refiere a 2023 o 2024, dada la actualidad de la noticia) tras la suspensión de su antecesor por presunto uso de policías en tareas de albañilería. Además, Arriola enfrenta una denuncia disciplinaria presentada por el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, quien lo acusa de haber revelado una investigación en su contra y de buscar un «fiscal con el cual trabajar», hechos que Colchado considera infracciones muy graves. Esta situación añade presión sobre la cúpula policial y la necesidad de decisiones claras por parte del gobierno peruano.
Fuente original: Infobae