La empresa de servicios públicos de Medellín (EPM) en Colombia atraviesa un momento crítico debido al robo masivo de sus prestaciones. Se estima que las conexiones ilegales para sustraer agua, energía eléctrica y gas natural ya le costaron a la compañía más de 300.000 millones de pesos colombianos en lo que va del año. Esta cifra impactante no solo representa un severo golpe a sus finanzas, sino que también limita seriamente la capacidad de la empresa para invertir en mejoras de infraestructura y expansión de servicios.

Según reportes, este monto equivale al suministro que recibirían unas 95.000 familias, evidenciando la magnitud del fraude. La situación genera un perjuicio directo a los usuarios que cumplen con el pago de sus facturas, ya que los costos asociados a estas pérdidas terminan repercutiendo en el sistema general. El gerente de EPM, John Maya Salazar, manifestó su preocupación, especialmente en un contexto de sequía por el fenómeno de El Niño, que demanda un uso racional de los recursos hídricos y energéticos.

Los datos de EPM revelan que el hurto de energía eléctrica es el más prevalente, alcanzando el 57,7% del total, seguido por el agua potable con un 40,4%. El gas natural, aunque en menor medida, también suma al problema con un 1,9%. Estas conexiones clandestinas no solo implican pérdidas económicas, sino que también representan riesgos significativos para la seguridad de las comunidades y la estabilidad de las redes de distribución.

La compañía enfatizó que el robo de servicios públicos es un delito tipificado en el Código Penal colombiano (artículo 256) y realizó un enérgico llamado a la ciudadanía para que tome conciencia sobre las consecuencias. Además de las pérdidas por el consumo no registrado, EPM debe destinar sumas millonarias a la reparación y reposición de infraestructura dañada. Solo en 2024, se invirtieron 25.000 millones de pesos en estos arreglos, un salto considerable respecto a años anteriores.

Este desvío de fondos, que de otra manera se utilizarían para optimizar la prestación del servicio o ampliar la cobertura, subraya la gravedad del problema. EPM advierte que el fraude afecta la sostenibilidad del sistema y, en última instancia, perjudica a todos los ciudadanos. La empresa reitera su pedido de racionalidad en el consumo y la colaboración para combatir estas prácticas ilegales que ponen en jaque el futuro de los servicios esenciales.

Fuente original: Infobae