El gobierno de Keiko Fujimori en Perú se encuentra en una encrucijada política al intentar obtener facultades legislativas especiales por 120 días. La iniciativa, que abarca desde la seguridad hasta reformas económicas, ha generado un fuerte debate, especialmente por la controvertida propuesta de reducir los días feriados no laborables, una medida que ya provocó rechazo en la ciudadanía y el parlamento.

La principal barrera para el Ejecutivo es la Cámara de Diputados, donde una coalición opositora conformada por los partidos Ahora Nación, El Buen Gobierno, OBRAS y Juntos por el Perú ostenta una sólida mayoría de 74 de los 130 escaños. Esta configuración parlamentaria deja al oficialismo, que suma solo 41 curules y con aliados apenas alcanza los 56 votos, en una posición de debilidad, haciendo prever un rechazo a las reformas si no se logran acuerdos transversales.

Entre los puntos más polémicos del paquete legislativo, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, figura la intención de reducir los 16 feriados nacionales. El gobierno justifica esta medida con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que estima una disminución del 0,08% en el Producto Bruto Interno anual por cada feriado. Sin embargo, esta propuesta contrasta con declaraciones previas de la propia presidenta Fujimori, quien había prometido no eliminar estas jornadas de descanso. El documento oficial busca «racionalizar su uso y fomentar la productividad».

Además de los feriados, el proyecto incluye una serie de cambios profundos en el ámbito laboral, como la flexibilización de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones y la jornada diaria. El Ejecutivo argumenta que los altos costos laborales no salariales, que alcanzan el 72% del salario formal promedio (superando la media regional del 51% según el BID), justifican estas modificaciones, aunque podrían afectar la protección contra el despido.

En un intento por calmar las aguas, el canciller Carlos Espá manifestó su confianza en que la principal demanda ciudadana, la lucha contra la inseguridad, será suficiente para alinear voluntades en la oposición. Espá, tras un desfile por Fiestas Patrias, declaró a la prensa que espera que el debate parlamentario priorice las necesidades del país, a pesar de reconocer que la Cámara de Diputados está presidida por la oposición.

El paquete también aborda la seguridad ciudadana, permitiendo la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la gestión de establecimientos penitenciarios. Asimismo, contempla la posibilidad de fusionar, reestructurar o disolver organismos públicos clave como Sunat, Indecopi, Sunafil y Reniec. La aprobación o el rechazo de estas facultades legislativas, que el gobierno planea presentar en los próximos días, será determinante para el inicio de la gestión de Fujimori y la concreción de sus promesas de campaña, como el aumento del salario mínimo y la reorganización del sistema carcelario.

Fuente original: Infobae