Los registros oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan un preocupante incremento en las tomas clandestinas de combustible, un delito conocido como «huachicol», durante el primer cuatrimestre de 2026. Según datos de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, este tipo de ilícitos creció un 3.7% en comparación con el mismo período del año anterior, sumando 3.836 casos detectados entre enero y abril de este año, 137 más que en 2025.
Hidalgo se mantiene como el estado con mayor incidencia de este flagelo, acumulando 986 tomas clandestinas en los primeros cuatro meses del año. Le siguen de cerca Jalisco con 740 casos, Puebla con 362, el Estado de México con 329, Guanajuato con 304, Querétaro con 263 y Nuevo León con 214. Michoacán, por su parte, experimentó el mayor salto porcentual, con un alarmante aumento del 155.56%, pasando de 9 a 23 detecciones en un año.
No obstante, no todas las regiones muestran la misma tendencia. Algunas entidades lograron reducir significativamente el número de tomas clandestinas. Sonora, por ejemplo, registró una baja del 77.78%, pasando de 18 a solo 4 casos. De manera similar, Coahuila y Tlaxcala también mostraron disminuciones importantes, con reducciones del 68.46% y 67.95% respectivamente, mientras que Tamaulipas bajó un 66.67%.
Nancy Canjura, vocera e investigadora de Causa en Común, una organización civil mexicana, señaló en una entrevista que este repunte evidencia una «debilidad institucional» persistente, a pesar de los discursos oficiales. La experta sostiene que el gobierno federal y Pemex aún presentan falencias en el control de la infraestructura y en la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger este recurso estratégico. «Se habla de la importancia del robo de hidrocarburos, pero no hay una correspondencia en recursos, interés ni fortalecimiento institucional», afirmó.
El robo de hidrocarburos no solo representa una enorme pérdida económica para el Estado mexicano, sino que también financia a organizaciones delictivas y ha provocado graves accidentes con consecuencias fatales para las comunidades. La situación actual sugiere que el «combate al huachicol» proclamado por las autoridades se ha quedado, en gran medida, en el ámbito discursivo, sin una materialización efectiva en la práctica.
Fuente original: Infobae