El sector agropecuario y la industria frigorífica argentina han expresado un contundente rechazo a la iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, que propone modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Las principales entidades del campo y las cámaras frigoríficas emitieron un documento conjunto, alertando sobre las posibles consecuencias de esta medida.
El IPCVA, creado en 2002 tras la crisis de la aftosa, juega un papel crucial en el posicionamiento de la carne argentina en los mercados internacionales. Actualmente, su funcionamiento se sostiene gracias a aportes obligatorios de productores y frigoríficos por cada animal faenado, un esquema que, según las entidades, es fundamental para su operatividad y para la imagen de calidad de la «Marca Argentina» en el mundo. En lo que va de 2026, el organismo ya ha recaudado más de $8.000 millones.
La propuesta del gobierno, aún en fase de anteproyecto y sin ingreso al Congreso, busca poner fin a las contribuciones obligatorias al IPCVA a partir de octubre de 2027, reemplazándolas por un modelo de aportes voluntarios. Este cambio, que ya generó debate en un almuerzo con Sturzenegger y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, plantea un giro radical en la forma en que se financia la promoción de uno de los productos estrella del país.
La Mesa de Enlace, integrada por Coninagro, CRA, FAA y SRA, junto a cámaras como el Consorcio ABC y Ciccra, ratificaron su «firme respaldo al IPCVA», argumentando que su esquema de financiamiento obligatorio es análogo al de los principales países exportadores de carne. Advierten que la voluntariedad de los aportes podría significar, en la práctica, el cierre del Instituto, poniendo en riesgo la capacidad de Argentina para competir y abrir nuevos mercados globales.
La polémica no es nueva. Algunas voces dentro del sector, como la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), han solicitado la eliminación de la obligatoriedad, cuestionando la aplicación de los fondos. Este debate interno habría impulsado al Ministerio de Desregulación a considerar la reforma, siguiendo un precedente reciente en el sector vitivinícola, donde también se eliminaron aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Fuente original: Infobae