La Justicia colombiana dio un paso crucial en la investigación de un resonante escándalo de corrupción política. La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó que el exsenador Arturo Char, hermano del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, deberá enfrentar un juicio oral por su presunta vinculación con una red criminal dedicada a la compra de votos, conocida como la ‘Casa Blanca’. Los magistrados desestimaron los recursos presentados por la defensa y ratificaron que existen pruebas contundentes que conectan al exlegislador con delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
La decisión judicial se basa en un voluminoso expediente que incluye no solo los testimonios clave de la excongresista Aida Merlano –ya condenada por estos hechos– sino también declaraciones de múltiples testigos adicionales y material probatorio incautado en la sede política donde, según la investigación, se orquestaban las operaciones ilícitas. Según el escrito de acusación, la estructura no era una simple alianza electoral, sino una organización con características de crimen organizado, diseñada para manipular los resultados de las elecciones al Congreso de 2018.
La Corte detalló que este plan criminal se habría gestado en octubre de 2017 y habría involucrado a diversas figuras políticas y empresariales, incluyendo al propio Arturo Char, su hermano Alejandro, el empresario Julio Gerlein y la dirigente Lilibeth Llinás. El objetivo principal era asegurar escaños para Merlano y Llinás, y la reelección de Char en el Senado. La financiación de esta operación provendría de fondos aportados por Faisal Jacobo Cure (contratista municipal), Julio Gerlein y de recursos atribuidos al entonces alcalde Alejandro Char.
El epicentro de esta trama era la denominada ‘Casa Blanca’, desde donde se coordinaba la captación de votantes, la administración del dinero y el control del cumplimiento de los acuerdos con quienes aceptaban vender su voto. La investigación reveló que el precio de cada sufragio oscilaba entre 50.000 y 90.000 pesos colombianos, pagados una vez verificada la participación electoral. Este sistema estructurado evidencia que la compra de votos no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema complejo y coordinado para alterar los resultados de los comicios.
Aunque la defensa de Arturo Char intentó desacreditar los testimonios, especialmente el de Aida Merlano, alegando contradicciones e intereses personales, los magistrados consideraron que sus declaraciones estaban corroboradas por otros testigos y pruebas adicionales, como videos y documentos. La Corte subrayó que la investigación no dependía exclusivamente del testimonio de Merlano, sino de un análisis integral de múltiples fuentes probatorias. Ahora, el exsenador deberá enfrentar la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se determinará su responsabilidad penal.
Fuente original: Infobae