Diputados del Frente Amplio en Costa Rica presentaron un ambicioso proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer significativamente la normativa de bienestar animal, vigente desde 1994. La iniciativa, que lleva el número de expediente 25.645 y cuenta con el respaldo de toda la bancada, fue encabezada por la legisladora María Eugenia Román Mora.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 20% sobre la venta de animales domésticos y domesticados. Este gravamen no aplicaría a los animales de asistencia ni a las donaciones realizadas durante procesos de adopción en refugios o albergues. Se estima que el 20% de lo recaudado por este impuesto se destinará al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), mientras que un 15% financiará campañas de castración, tanto de la institución como de organizaciones autorizadas.
El proyecto también amplía las responsabilidades de los dueños de mascotas, obligándolos a garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria, higiene, seguridad y bienestar físico y emocional, así como espacios libres de estrés y maltrato. Se prohíbe mantener animales atados de forma permanente o que deambulen sin supervisión. Además, se establecen límites de tiempo que un animal puede permanecer solo: no más de dos días consecutivos para cualquier animal doméstico, y un máximo de 24 horas para perros. Para quienes se dediquen a la cría o venta de animales, se exigirá regencia veterinaria, acreditación del Senasa y patente municipal, prohibiendo la exhibición en vitrinas o jaulas reducidas.
En lo que respecta a las sanciones, la iniciativa propone un nuevo régimen que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las multas podrían oscilar entre uno y cincuenta salarios base, dependiendo de la gravedad. Entre las faltas muy graves se incluyen provocar la muerte intencional de un animal, organizar peleas, reproducir ejemplares sin regulación o aplicar selección genética que comprometa su salud. Además de las multas económicas, se contemplan medidas como el decomiso de animales, clausura de establecimientos, suspensión de acreditaciones e incluso la inhabilitación para actividades relacionadas con animales por hasta diez años. El proyecto reconoce a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y afecto, y regula el uso de animales en deportes e investigación científica, priorizando métodos alternativos.
Fuente original: Infobae