El Congreso de Perú, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, promulgó una controvertida ley que establece un cambio significativo en el sistema judicial del país. A partir de ahora, los miembros de las fuerzas policiales y militares que cometan delitos mientras estén en servicio activo serán juzgados exclusivamente por el fuero castrense. Esta decisión se tomó a pesar de las explícitas recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que había instado a no aprobar dicha normativa.
La promulgación de la ley se hizo efectiva después de que el presidente interino, José Balcázar, optara por no formular observaciones al proyecto, que ya había sido aprobado por el Parlamento en una segunda votación el pasado junio. La nueva norma modifica tanto el Código Penal Militar Policial como el Nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo de impedir que un efectivo de las fuerzas de seguridad sea procesado de forma simultánea por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la justicia militar-policial.
Además, la ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria deberán archivar aquellas investigaciones o procesos en curso si constatan que los mismos hechos ya están siendo investigados en el fuero militar-policial. La iniciativa fue promovida principalmente por la bancada fujimorista, a la que pertenece Rospigliosi, argumentando que busca proteger a cientos de policías y militares que enfrentan procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto las ocurridas hace más de tres décadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) como en el contexto de las protestas sociales de 2022 y 2023.
La decisión de Balcázar de no observar la ley generó críticas previas. Días antes de la promulgación, la congresista Ruth Luque había advertido públicamente que todo indicaba que el presidente interino cedería ante las presiones del fujimorismo y no devolvería el texto al Legislativo, lo que finalmente ocurrió. Esta ley reabre el debate sobre la independencia judicial y el alcance de los derechos humanos en el país andino.
Fuente original: Infobae