La Fiscalía colombiana se prepara para formalizar la acusación contra varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) implicados en el polémico caso de Carlos Mattos. El empresario, quien debía cumplir su condena en la cárcel La Picota de Bogotá, habría gozado de salidas irregulares en vehículos de la institución, generando un fuerte revuelo en el sistema judicial y penitenciario del país vecino.
La investigación se centró en la presunta complicidad de estos servidores públicos, quienes, según los indicios, facilitaron que Mattos abandonara el centro de reclusión y se movilizara en automóviles oficiales del Inpec por distintas zonas de la capital colombiana. Entre las pruebas que maneja la Fiscalía, se destacan registros en video que muestran al empresario en estos traslados, lo que refuerza la hipótesis de su participación en los hechos.
Resulta llamativa la disparidad en el avance judicial del caso. Mientras los funcionarios que presuntamente se dejaron corromper se enfrentan ahora a un juicio penal, Carlos Mattos logró un principio de oportunidad con la Fiscalía. Este acuerdo le permitiría obtener una significativa reducción de su pena y evitar una estancia prolongada en prisión, a cambio de su colaboración con la justicia en el proceso contra los agentes penitenciarios.
El escándalo, que estalló en marzo de 2022, provocó en su momento la destitución del director del Inpec y del director de la cárcel La Picota. El entonces presidente Iván Duque calificó el episodio de “vergonzante” y ordenó medidas inmediatas. Mattos, extraditado desde España, es conocido por su involucramiento en sobornos a jueces y funcionarios de la rama judicial para favorecer sus intereses en el negocio de distribución de Hyundai en Colombia.
Este episodio se suma a una serie de crisis que ha enfrentado el Inpec, poniendo en jaque la credibilidad de la entidad encargada de la custodia de los presos. Casos como la fuga de Aída Merlano en 2019 desde un consultorio odontológico, por el cual un capitán fue condenado a 15 años de prisión, demuestran que la institución arrastra problemas estructurales que exigen una profunda revisión.
Fuente original: Infobae