El próximo gobierno de Colombia, liderado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, se prepara para un complejo inicio de gestión al tener que defender ante el Congreso el Presupuesto de 2027, el cual fue elaborado por la administración saliente de Gustavo Petro. Esta transición, que comenzará oficialmente el 7 de agosto, estará marcada por un giro económico significativo, la implementación de un ambicioso plan de austeridad de 70 billones de pesos y la urgente necesidad de corregir unas finanzas públicas que se encuentran bajo una fuerte tensión.
Desde el primer día, el margen de maniobra será escaso. El anteproyecto presupuestario contempla un total de 597 billones de pesos, de los cuales 124,5 billones se destinarán exclusivamente al pago de la deuda. A esto se suma la proyección del actual Gobierno de reducir el déficit fiscal al 4,5% para 2027, partiendo de un 5,3% estimado para fines de 2026. La situación se complica aún más debido a una rigidez estructural: se estima que cerca del 90% del presupuesto es inflexible, lo que limita considerablemente la capacidad del nuevo gobierno para reorientar el gasto hacia sus propias prioridades y su anunciada intención de achicar el tamaño del Estado.
Expertos advierten que el ajuste fiscal necesario podría ser aún mayor. Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), calcula que para cumplir las metas fiscales se requerirá un ajuste en ingresos o gastos cercano a los 80 billones de pesos. Más aún, para evitar un deterioro explosivo de la deuda pública, las medidas necesarias podrían ascender a alrededor de 100 billones de pesos, equivalentes a cinco puntos del Producto Interno Bruto. Este escenario obliga a combinar gradualidad con protección a los sectores más vulnerables y una mezcla equilibrada de recortes de gasto y nuevas fuentes de ingreso.
La discusión sobre la posibilidad de retirar el proyecto de presupuesto para rehacerlo ya generó reacciones políticas. Representantes como Óscar Darío Pérez señalaron que el nuevo Gobierno no podrá simplemente desarmarlo, sino que la discusión natural deberá darse en las comisiones económicas del Congreso, donde se revisarán tanto el monto total como la distribución sectorial. Además de gastar menos, la administración entrante busca gastar mejor, una meta que el viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, considera limitada por normas que atan el gasto a procedimientos poco eficientes, impidiendo que los beneficios lleguen efectivamente a los ciudadanos.
La credibilidad del presupuesto de 2027 también dependerá en gran medida de una reforma tributaria. Munir Jalil, jefe de BTG Pactual, advierte sobre el alto riesgo de su ejecución, ya que el diseño actual busca simplificar el sistema sin aumentar impuestos, lo que limita la obtención de recursos frescos a corto plazo. Entre las medidas en debate, se menciona la eliminación del gravamen del 4 por mil, que recaudó 16,3 billones de pesos en 2025. La propuesta también incluye la reducción de cargas para empresas que generen empleo formal, la digitalización del cumplimiento tributario y la ampliación de la base impositiva, siempre y cuando se garantice la gobernabilidad para su aprobación legislativa.
Finalmente, De la Espriella ha manifestado su intención de reactivar el sector de hidrocarburos, incluyendo el fracking, con el objetivo de elevar el crecimiento económico a un rango del 5% al 7%. Sin embargo, expertos como Jalil matizan esta expectativa, sugiriendo que su impacto sería más bien un estabilizador de la producción a mediano plazo, y no un impulso inmediato al crecimiento.
Fuente original: Infobae