El Ministerio de Hacienda de España ha dado un giro significativo en su clasificación de jurisdicciones no cooperativas, popularmente conocidas como paraísos fiscales. En una reciente actualización publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), España ha decidido retirar a Gibraltar de esta polémica lista, mientras que, en un movimiento contrastante, ha incluido a Rusia por primera vez.
Esta decisión no solo afecta a Gibraltar, sino que también marca la salida de otros territorios como Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago. Según el gobierno español, estas exclusiones se fundamentan en los notables avances en el intercambio efectivo de información fiscal y la creciente alineación de estas jurisdicciones con los estándares tributarios internacionales.
En el caso particular de Gibraltar, su remoción de la lista es el resultado directo de un acuerdo bilateral de cooperación tributaria firmado con España. Las autoridades españolas destacaron la eficacia de este pacto, que ha permitido a Gibraltar cumplir con los requisitos de transparencia. Además, el Peñón ha fortalecido su compromiso con la fiscalidad internacional al adherirse a acuerdos y formar parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, y ya no mantiene un régimen de baja o nula tributación, ajustándose a los parámetros de la OCDE.
La relevancia del acuerdo entre España y Gibraltar, que pone fin a 35 años de tensiones fiscales, va más allá. Este pacto integral prevé incluso la eliminación de la «Verja» o frontera física, facilitando la libre circulación de personas y mercancías. España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y puerto de Gibraltar e implementará controles aduaneros armonizados. Asimismo, Gibraltar se compromete a aplicar un impuesto indirecto equivalente al IVA, que comenzará en un 15% y convergerá en tres años.
En el otro extremo de la balanza, Rusia ha sido incorporada a la lista de jurisdicciones no cooperativas. Hacienda justifica esta medida por la existencia de un régimen fiscal que considera perjudicial y que no se ajusta a las normas internacionales. Esta postura española sigue la línea adoptada previamente por la Unión Europea, que también ha endurecido su posición ante las prácticas fiscales del gigante euroasiático.
Fuente original: Infobae