La Procuraduría General de Colombia ha iniciado una investigación formal contra Rober Fabián Rosado, el personero del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, por su presunta participación indebida en la política. La medida se toma en el contexto de la segunda vuelta presidencial que el país vecino tiene programada para el 21 de junio de 2026, buscando asegurar la transparencia y neutralidad de los funcionarios públicos en los procesos electorales.
La decisión de la Procuraduría surge tras la difusión de una publicación regional en la que se veía a Rosado junto a la senadora María José Pizarro, figura clave en la campaña de Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico. Según el comunicado oficial, la publicación incluía frases que aludían a una supuesta amistad cercana y admiración por el trabajo de la legisladora, lo que encendió las alarmas sobre una posible vulneración de la normativa que exige imparcialidad a los servidores públicos.
Aunque la entidad no ha dispuesto una suspensión provisional para Rosado, la investigación ha sido asignada a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar, que procederá a la recolección de pruebas para determinar si el personero incurrió en una falta disciplinaria. La ley colombiana es clara al prohibir que los funcionarios utilicen sus cargos para influir en la orientación política o para mostrar preferencias partidarias, garantizando así la equidad en los procesos democráticos.
Este caso no es aislado. Días antes, la Procuraduría había abierto otra investigación disciplinaria contra siete embajadores colombianos por posibles infracciones similares. Entre los diplomáticos bajo la lupa se encuentra José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia en Argentina, junto a representantes ante la OEA, Venezuela y la ONU, entre otros. Se sospecha que estos funcionarios habrían utilizado sus redes sociales para intervenir en política durante el período electoral, lo que podría configurar una violación del régimen de prohibiciones para servidores públicos.
El organismo de control ha informado que ya son 192 los procesos disciplinarios en curso por presunta participación indebida en política en Colombia. Paralelamente, la Procuraduría ha anunciado un amplio despliegue de 10.228 funcionarios del Ministerio Público para vigilar la jornada electoral del 21 de junio, como parte de la estrategia “Paz Electoral”. Este operativo incluirá la supervisión en centros de votación, comisiones escrutadoras y centros de recepción telefónica para denuncias ciudadanas, reafirmando el compromiso con la integridad de los comicios.
Fuente original: Infobae