El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, hizo un enérgico llamado a reconstruir el sistema judicial de su país. Su principal demanda es garantizar la igualdad ante la ley y erradicar cualquier uso político de los tribunales, un problema que, según él, ha erosionado la democracia en Venezuela.
González Urrutia, cercano a la destacada líder opositora María Corina Machado, enfatizó en un video difundido en la red social X que «una justicia independiente no le teme a juzgar a nadie, sin importar de qué lado del poder esté». Para el dirigente, este principio es la piedra angular que diferencia a una república de otras formas de gobierno. Argumentó que cuando la justicia se pliega a directivas políticas, pierde su esencia y se convierte en una mera herramienta del poder, lo que impide que un país sea considerado verdaderamente democrático.
El líder opositor recordó cómo las libertades democráticas de los venezolanos han sido «erosionadas progresivamente desde las instituciones» bajo el régimen de Nicolás Maduro. Citando incluso al artista Canserbero, destacó que la falta de independencia judicial genera demoras procesales y fomenta la impunidad, negando a las víctimas el acceso a la verdad y destruyendo la confianza ciudadana en las bases del sistema. «Cuando ese pacto se rompe, lo que queda no es paz, es la puerta abierta a que cada uno busque justicia por mano propia», advirtió.
Ante este panorama, González Urrutia propuso la urgente necesidad de seleccionar jueces por mérito y establecer procesos guiados estrictamente por la ley, con un enfoque claro en la protección de la dignidad humana. «Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada», sentenció, subrayando que la justicia que Venezuela necesita debe igualar a todos los ciudadanos, sin distinguir entre «amigos y enemigos del poder», y su función primordial debe ser limitar al poder, no servirle.
Este pronunciamiento cobra particular relevancia justo después de que el Parlamento venezolano informara sobre las 561 postulaciones para ocupar cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este proceso de renovación, que busca reorganizar el máximo tribunal y fijar en 32 el número de jueces, se enmarca en una reciente reforma legal. Entre los candidatos figuran perfiles de alto nivel, como la ex vicefiscal general Katherine Haringhton y la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal, según la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.
La reforma, aprobada en mayo por la Asamblea Nacional, modificó la estructura del TSJ, aumentando el número de magistrados en varias de sus salas. Esta iniciativa es parte de una revisión más amplia de la justicia penal, impulsada desde abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el objetivo de abordar las deficiencias del sistema, especialmente el retardo procesal y la corrupción que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Fuente original: Infobae