Honduras se encuentra en una situación alarmante en cuanto a la violencia de género, con un registro de 121 femicidios en lo que va del año 2026. Esta preocupante cifra fue revelada por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuya directora, Migdonia Ayestas, advirtió que estos crímenes no son hechos aislados, sino que responden a profundas estructuras de poder y desigualdad arraigadas en la sociedad.
Ayestas enfatizó que la problemática de los femicidios va más allá de un análisis meramente criminal. Detrás de cada caso, se esconden patrones culturales de control, dominación y una marcada desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia de género se nutre de normas sociales históricas que han relegado a las mujeres a una posición de subordinación, limitando su autonomía y perpetuando prácticas machistas que se transmiten desde las primeras etapas de la vida.
La especialista explicó que los agresores utilizan la violencia como una herramienta para imponer su autoridad y control, no solo sobre las víctimas directas, sino también como un mensaje de poder dirigido a su entorno social. «El cuerpo de las mujeres es percibido como un territorio que se busca controlar. Es una demostración de dominio que refleja una estructura de violencia mucho más amplia», señaló Ayestas, subrayando la extrema gravedad de esta visión.
Los femicidios, la manifestación más brutal de esta problemática, suelen ser la culminación de un historial de amenazas, agresiones previas, control psicológico y violencia económica, entre otras formas de abuso que a menudo permanecen invisibilizadas. Ayestas lamentó que gran parte de la sociedad reduzca estas muertes a meras estadísticas, sin reconocer las complejas dinámicas de misoginia y control sobre la vida de las mujeres que subyacen.
Frente a este panorama, la directora del observatorio insistió en que la solución no radica únicamente en endurecer las leyes o aumentar las penas. Es fundamental implementar estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia. Esto implica fortalecer las instituciones de investigación, mejorar la capacidad de respuesta de la justicia y asegurar recursos suficientes para la atención y protección de las víctimas en todo el país.
Además, Ayestas destacó la importancia de la prevención desde la infancia. El sistema educativo juega un rol crucial en desmantelar patrones culturales de discriminación y violencia. También consideró indispensable involucrar a los hombres en esta transformación social, promoviendo modelos de convivencia basados en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos, esenciales para construir una sociedad más justa.
Finalmente, organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras han reiterado que uno de los mayores desafíos sigue siendo la impunidad. A pesar de algunos avances legislativos y en la atención institucional, persisten obstáculos significativos en la investigación de los casos, el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el país centroamericano.
Fuente original: Infobae