El Gobierno Nacional está a punto de implementar un decreto que promete modificar significativamente el proceso de nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La medida, que se espera sea publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas, busca según fuentes de Casa Rosada, «transparentar» y «agilizar» la designación de los ministros del máximo tribunal, que actualmente cuenta con solo tres de sus cinco miembros.
Una de las modificaciones más resonantes es la eliminación de la instancia de impugnaciones. Con esta nueva normativa, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales ya no podrán presentar observaciones ni objeciones sobre los candidatos propuestos ante el Ministerio de Justicia. Además, se deroga la exigencia de difundir las postulaciones y sus antecedentes en diarios de circulación nacional, limitando la visibilidad de las candidaturas a la web oficial de la cartera de Justicia.
El decreto también prescinde de varias recomendaciones que guiaban al Poder Ejecutivo al momento de proponer candidatos. Se eliminarán las sugerencias de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional de los posibles magistrados. Sin embargo, se establecerán controles patrimoniales y fiscales más estrictos, con un plazo de cinco días para la presentación de declaraciones juradas de bienes y la obligación de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de los aspirantes.
Esta iniciativa representa una reforma al decreto 222/2003, conocido como de «autolimitación presidencial», promulgado durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner. Es importante destacar que el procedimiento constitucional en el Senado, que requiere dos tercios de los votos para la aprobación de un candidato, se mantiene inalterado. La medida entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación oficial, lo que podría generar un intenso debate en el ámbito político y judicial del país.
Fuente original: El Liberal