Los juzgados de Concursos y Quiebras de Salta tramitaron 207 expedientes entre enero y mayo de 2026, un 70% más que las causas iniciadas en 2025. El informe de Ciudadana Comunicación revela que el fenómeno está liderado por trabajadores asalariados, quienes acumularon deudas mediante tarjetas de crédito, préstamos personales y descuentos directos sobre sus salarios.
La jueza Victoria Ambrosini destacó que el 90% de los casos presentan características similares, con docentes, policías y empleados judiciales como los grupos más afectados. La espiral de endeudamiento comienza con consumos financieros, seguida de préstamos para cubrir obligaciones anteriores, hasta que los salarios se ven reducidos a mínimos.
La Ley Nacional de Concursos y Quiebras, diseñada originalmente para empresas, se convirtió en la principal herramienta para consumidores sobreendeudados. Según el informe, la mora tardía alcanza al 30% de los deudores en Salta, superando el promedio nacional. Los expedientes muestran que las deudas suelen corresponder a necesidades básicas, no a gastos de lujo.
El estudio de Analytica indica que el 26,9% de los 19,8 millones de deudores del país presenta mora superior a 90 días, con fintechs como principales acreedores. La situación expone limitaciones legales, al tiempo que resalta la necesidad de reformas para facilitar procesos de quiebra más accesibles para trabajadores.
Los datos judiciales reflejan una realidad extendida a miles de hogares: la quiebra, antes exclusiva de empresas, se transforma en una salida desesperada para trabajadores con empleo, pero atrapados en una crisis financiera que no puede resolver con sus ingresos.

