Una ola de mensajes intimidatorios generó alarma entre las familias de estudiantes de la Escuela N° 116 Sargento Cabral, ubicada en una zona rural del departamento Banda, en Santiago del Estero. Varios chicos y chicas de 12 años recibieron amenazas de muerte a través de aplicaciones de mensajería enviadas desde números telefónicos con código de Perú.
Todo salió a la luz durante una reunión de madres, donde distintas familias compartieron que sus hijos estaban siendo víctimas de mensajes violentos y extorsivos provenientes de contactos desconocidos. Esa misma noche del miércoles, las denuncias fueron radicadas en la Comisaría N° 14 y quedaron bajo la órbita del fiscal Mariano Gómez.
Según trascendió desde fuentes judiciales y policiales, una de las denunciantes —identificada como Fernanda, del paraje El Barrial— contó que su hija había comenzado meses atrás a intercambiar mensajes con personas que decían vivir en Perú, tanto por WhatsApp como por Snapchat. Dos de esos contactos se presentaban con los nombres «Daniel» y «Snaider López F». En un principio, las conversaciones no presentaban nada fuera de lo normal, pero con el tiempo los mensajes derivaron en amenazas directas contra los alumnos de séptimo grado, con menciones explícitas al uso de armas de fuego.
Otra madre, llamada Graciela, relató que al revisar el celular que compartía con su hija encontró una conversación archivada con una amenaza de muerte concreta. Según indicó, la menor había llegado a desinstalar aplicaciones de geolocalización por temor a ser rastreada.
En tanto, Claudia contó que su hijo también recibió mensajes amenazantes después de que otros compañeros le pasaran el número de los supuestos agresores. De acuerdo con los testimonios, varios de los chicos optaron por bloquear los contactos y borrar los chats por miedo, lo que dificulta enormemente la recopilación de pruebas digitales.
Los mensajes habrían advertido sobre el envío de «sicarios» para atentar contra los estudiantes, aunque sin explicar ningún motivo ni formular exigencias a cambio. Ante esa situación, los padres primero recurrieron a las autoridades de la institución educativa y luego a la Justicia.
El fiscal Gómez dispuso que efectivos de la Unidad de Ciberdelitos avancen en la identificación de los responsables a partir de los números de teléfono aportados por las familias denunciantes.
Fuente original: El Liberal