La política argentina tiene un talento especial para crear cargas impositivas sin nombrarlas como tales. Cambiar la etiqueta, rediseñar el envase y buscar una justificación técnica convincente parece ser el método de cabecera cada vez que alguien necesita recaudar más. Y Santa Fe no es la excepción.
El gobernador Maximiliano Pullaro impulsó la creación de un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura vial en el cordón portuario del Gran Rosario. La iniciativa está dando sus primeros pasos, pero ya genera rispideces en varios frentes: el político, el económico y el fiscal.
El diagnóstico que motivó la propuesta es, hay que reconocerlo, completamente certero. Durante los primeros cuatro meses del año, cerca de 850 mil camiones ingresaron a los puertos del Gran Rosario, lo que representa más de siete mil vehículos de carga diarios. Las rutas y accesos de la región están al límite de su capacidad, y el crecimiento sostenido de las inversiones privadas en la zona hace prever que el problema se va a profundizar.
Pullaro identificó bien la situación. Más aún: intentó poner orden en un sistema que, desde hace tiempo, venía funcionando de manera caótica. Hoy, prácticamente todos los municipios del área portuaria —Timbúes, General Lagos, Arroyo Seco, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, entre otros— cobran tasas a los camiones que circulan por su territorio bajo el argumento del mantenimiento de caminos.
El inconveniente es que los caminos siguen destruidos. Hay accesos intransitables, tramos de tierra y obras que nunca llegaron. Entonces la pregunta es inevitable: ¿a dónde fue el dinero que se recaudó durante años con ese fin?
La respuesta la dieron los propios intendentes, con una llamativa sinceridad. El caso más ilustrativo es el de Timbúes: el municipio reconoció que aproximadamente la mitad de su presupuesto se sostiene con lo que cobran a los camiones, y que esos fondos se usaron para construir escuelas, comisarías y cubrir gastos corrientes. En otras palabras, la plata que debía ir a los caminos terminó financiando cualquier otra cosa.
Frente a ese escenario, el plan del gobernador contempla eliminar las tasas municipales actuales y reemplazarlas por un fideicomiso que se nutriría de un cobro de aproximadamente 1,5 dólares por tonelada exportada, con destino específico a obras de infraestructura. Hasta ahí, el esquema podría parecer razonable.
Pero hay una trampa en la letra chica: una parte de esos recursos volvería igualmente a los municipios, que en teoría dejarían de ejecutar las obras. Es decir, los intendentes seguirían recibiendo fondos por trabajos que ya no estarían a su cargo. Como argumento, esgrimen que el movimiento portuario genera demandas de servicios locales —limpieza, ordenamiento del tránsito, control de circulación— que justifican esa transferencia. Sin embargo, el volumen de ingresos en juego difícilmente se explique con esas tareas.
A esta altura, la propuesta ya no luce como una solución técnica al problema vial. Empieza a parecerse más a un mecanismo para preservar estructuras municipales que aprendieron a depender de recursos extraordinarios.
La contradicción política que surge es difícil de ignorar. Mientras Pullaro y otros gobernadores como Martín Llaryora exigen públicamente que la Nación baje las retenciones al campo, desde Santa Fe se está diseñando un nuevo cargo sobre las exportaciones agrícolas. Podrá llamarse fideicomiso, podrá administrarse de otra forma, pero su funcionamiento en la práctica es el mismo: un porcentaje aplicado sobre la producción que alguien del sector terminará pagando.
El debate recién empieza. Pero las preguntas de fondo ya están sobre la mesa: ¿es esto una reforma genuina del sistema o simplemente una reestructuración del reparto? ¿Se va a resolver el problema de la infraestructura o se va a institucionalizar la forma en que los municipios se financian con recursos del agro? Las respuestas definirán si esta iniciativa es una política pública seria o, como tantas otras, apenas un impuesto con mejor marketing.
Fuente original: Cadena 3