Para que un país alcance autonomía energética, pueda valerse de sus propias vacunas y soluciones para sus diferentes industrias, debe tener un fuerte sistema de Ciencia y Tecnología. Esta no es una opinión, es lo que las naciones con proyectos estratégicos de desarrollo han comprendido desde hace mucho tiempo.
En 2001, la Ley 25.467 formalizó la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), hoy compuesto por 17 organismos públicos bajo diferentes Ministerios, y estableció la obligación de que el Estado financie la generación de conocimiento. Aún así, la función Ciencia y Tecnología alcanzó un mínimo en 2019: 0.228% de nuestro PBI, muy lejos de lo que invierten líderes globales en Ciencia y Tecnología (como Israel, Corea del Sur y EEUU) y de algunos vecinos como Brasil, Uruguay o Chile.
A partir de consensos generados entre todos los partidos políticos, en 2021 se sancionó la Ley 27.614, la cual establece:
a) Declarar de interés nacional el desarrollo del SNCTI y promover un sistema de carácter federal.
b) Un aumento progresivo y sostenido de los recursos destinados a la función ciencia y técnica en el presupuesto nacional hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032.
Sin embargo, la ley de Presupuesto 2026 derogó (parcialmente) a la Ley 27.614, precisamente, en los artículos que garantizan financiamiento y de aprobarse el actual proyecto de Presupuesto 2027, la brecha con lo que establece esta ley para el año entrante será incluso mayor. Así, casi todos los organismos científicos de nuestro país y las Universidades Nacionales contarán con menos presupuesto que en el 2026.
Algunos organismos en rojo respecto a 2026 son CONICET (-9.3%), CNEA (-17,9%), INTA (-18,4%) e INTI (-17,9%), con caídas de entre un 40 y un 60% reales comparado con 2023. Es decir, aquello que desde todo el arco político se había considerado como una capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental hace tan solo 5 años, pasa ahora a ser prescindible, innecesario para la mayoría de esas mismas personas.
Sumado a esto, el Art. 21º del proyecto prevé derogar una disposición sobre la fuente de financiamiento del INTA, que grava apenas el 0,45% de las importaciones. Tampoco se exceptúa al sector científico de la prohibición a incorporar personal al sector público (algo que sí se permitió en los años anteriores al 2026), ni prevé jerarquización salarial tras tres años de pérdida de poder adquisitivo (como sí se ha hecho en áreas de Defensa y Seguridad).
Por si fuera poco, el Presupuesto consigna como Ciencia y Tecnología a programas que nada tienen que ver con el área. Gastos como los vistos en 2026 para el mantenimiento del bot TINA (app del Estado para realizar trámites) o la Oficina de Ciberseguridad.
Mientras esas partidas crecen, “inflando” a la función, los organismos del sector siguen en caída libre. Además, casi un 16% de la partida quedaría sin asignar a ningún organismo, con 412 mil millones de pesos consignados como Obligaciones a Cargo del Tesoro, sin destino específico y susceptibles a discrecionalidad.
El proyecto de Presupuesto 2027 es, como su nombre indica, un proyecto. Tenemos la oportunidad de discutirlo, modificarlo y mejorarlo. Pero para eso hay que escuchar a la comunidad científica y trabajar con ella. Es decir, para eso hay que tener voluntad política. Resulta inexplicable para cualquiera que comprenda la gravedad de la cuestión que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados no se reúna desde hace 4 meses, pese al pedido reiterado de la comunidad científica.
El pedido es simple: contar con instancias republicanas para discutir la partida destinada al desarrollo científico-tecnológico de nuestro país. Lejos de ser un debate sectorial, se trata de una definición estratégica: apostar o no por tener un desarrollo científico-tecnológico y un conocimiento al servicio del futuro argentino soberano.
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Fuente original: Clarín
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