A cinco años de su entrada en vigor, la controvertida “Ley Rider” de España sigue generando un intenso debate entre el Gobierno, las empresas y los propios repartidores. Impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la normativa buscaba regular la actividad de los trabajadores de plataformas de delivery, con el objetivo principal de erradicar la figura del “falso autónomo” y garantizar derechos laborales.
Desde el Ministerio de Trabajo, la evaluación es rotundamente positiva. Fuentes oficiales la califican como una “norma pionera” y “esencial” para encauzar las nuevas modalidades de empleo hacia el “trabajo decente”. Argumentan que la ley, respaldada por la Unión Europea y la OIT, es un pilar de la “calidad democrática” al demostrar que “nadie está por encima de la ley, por poderoso que sea”.
Sin embargo, las opiniones se dividen drásticamente. Marcas de Restauración, que agrupa a 180 empresas del sector, reconoce que la ley brindó un marco laboral, pero lamenta la pérdida de “flexibilidad y operatividad”, lo que afecta la experiencia del cliente. Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. ven la norma como un hito que “marcó el camino” a nivel global, pese a la resistencia empresarial. Aunque CC.OO. critica que la implementación fue “nefasta” inicialmente, reconoce un avance significativo en la laboralización de los repartidores, aunque aún falta y preocupa la calidad de los convenios aplicados.
La voz de los repartidores es una de las más críticas. Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, considera la ley “extremadamente ineficiente” e “incompleta”. Según Gaviria, la normativa provocó la “fuga” de empresas y “despidos masivos”, como el que él mismo sufrió en Glovo. Los trabajadores denuncian que, al perder la opción de ser autónomos, no solo empeoraron sus condiciones sino que directamente perdieron sus fuentes de ingreso, con salarios menores y sin la flexibilidad horaria que antes les permitía duplicar ingresos.
Fuente original: Infobae