Diversas organizaciones internacionales presentaron una contundente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., alertando sobre los graves efectos de la creciente expansión de las concesiones mineras en Nicaragua. El foco de la preocupación radica en las severas consecuencias para los pueblos indígenas y afrodescendientes, el medioambiente y la autonomía territorial de estas comunidades. Representantes del Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), la Fundación del Río y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expusieron la situación durante el 196.º Periodo de Sesiones del organismo.
Según lo expuesto, el origen de esta profunda crisis se remonta al incumplimiento histórico del Estado nicaragüense de la Ley 445, normativa clave para el saneamiento de los territorios indígenas. Las organizaciones señalaron que la falta de reconocimiento legal de los derechos territoriales afecta directamente a comunidades indígenas en diversas regiones del país. Además, denunciaron que las reformas constitucionales y legales impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han erosionado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a las autoridades locales al poder central.
Los expositores enfatizaron que el actual modelo extractivista prioriza la explotación de recursos por encima de los derechos comunitarios. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, testificó sobre el avance de colonos no indígenas en tierras comunales, lo que ha desencadenado violencia sistemática, persecución y criminalización de líderes, incluyendo asesinatos y violencia sexual. La situación se agrava con la progresiva eliminación de salvaguardas ambientales por parte del Estado, como la supresión de estudios de impacto ambiental previos y consultas públicas obligatorias, facilitando así la expansión minera y el uso de mercurio y cianuro, incluso en áreas naturales protegidas.
La abogada Alejandra Manavella, de Cejil, detalló que 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Los datos presentados revelan que 75 lotes mineros impactan 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, totalizando más de 900 mil hectáreas comprometidas. Entre las zonas más afectadas se encuentran la Reserva de Biosfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz. Manavella vinculó directamente la expansión minera con desplazamientos forzados, criminalización y violencia contra defensores territoriales, registrándose al menos 69 asesinatos de personas indígenas entre 2013 y 2024.
Las comisionadas de la CIDH, Rosa María Payá y Marion Bethel, manifestaron su profunda preocupación por la violación reiterada de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, subrayando el debilitamiento de su autonomía y la ausencia de garantías de consulta previa. Javier Palummo, relator especial de la CIDH, advirtió que esta problemática trasciende lo ambiental y constituye una crisis de gobernanza territorial. Finalmente, Carlos Quesada de Race and Equality solicitó a la CIDH un monitoreo permanente sobre Nicaragua, instando a fortalecer el cumplimiento de sentencias internacionales y a los países de origen de las inversiones mineras a garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
Fuente original: Infobae