La Justicia de Mar del Plata imputó formalmente a Nicolás Gastón Cichero, ex empleado de la Residencia de Adultos Mayores “David”, por “lesiones graves” contra dos mujeres de avanzada edad. Esta medida se tomó luego de que se viralizaran videos que documentan episodios de violencia explícita dentro del establecimiento, lo que derivó en el despido y posterior detención del acusado.
Inicialmente, la causa había sido caratulada como “lesiones leves”, pero la situación procesal de Cichero se agravó a “lesiones graves” tras la intervención de un médico forense que confirmó la magnitud de las heridas sufridas por las víctimas. La investigación está a cargo del fiscal Carlos María Russo, quien subroga la Unidad Fiscal de Investigación N° 7 de la ciudad costera, buscando esclarecer la totalidad de las agresiones y determinar si hubo otros casos similares.
Las cámaras de seguridad del geriátrico, ubicado en la calle Deán Funes al 1700, captaron las escenas de maltrato físico y verbal el 27 de julio, cerca de las 19. La responsable del establecimiento descubrió los aberrantes hechos al revisar las filmaciones, alertada por familiares que habían notado lesiones sospechosas en las residentes. En las imágenes, Cichero, de 37 años, golpea con una cuchara a una de las ancianas mientras la alimentaba, provocándole un corte en el labio y la pérdida de piezas dentales. Además, se lo escucha proferir insultos y amenazas de muerte, como “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”.
Tras la difusión de estos impactantes videos, la residencia fue clausurada de manera preventiva. El Ministerio de Salud bonaerense detectó irregularidades administrativas, ya que el geriátrico no había iniciado el trámite de renovación de su habilitación provincial. Si bien esta medida no implica el desalojo inmediato de los quince residentes, impide el ingreso de nuevos pacientes y exige el cumplimiento de condiciones mínimas de funcionamiento mientras avanza la investigación judicial. El caso ha puesto en relieve la necesidad de mayores controles y la importancia de verificar la capacitación del personal en los hogares de adultos mayores, una falencia que, según representantes sindicales, no es un hecho aislado y dificulta la denuncia de abusos por parte de los propios afectados.
Fuente original: Infobae