La dictadura nicaragüense, liderada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, se prepara para aprobar en septiembre una controversial reforma constitucional que busca, en la práctica, impedir la participación electoral de opositores desnacionalizados y tildados de «traidores a la patria». Esta medida, que ya generó un fuerte repudio internacional, profundiza la preocupación por el estado de la democracia en el país centroamericano, según informaron diversas agencias.
La iniciativa, impulsada directamente por Murillo, quien ejerce como copresidenta, prevé un proceso de «consultas» con distintos sectores sociales y entidades estatales, como la Corte Suprema de Justicia y las fuerzas de seguridad, todas bajo estricto control del oficialismo sandinista. El anuncio de esta reforma se da en un contexto de declaraciones del propio Ortega, quien en el 47° aniversario de la Revolución Sandinista había sentenciado que «no volverá a haber elecciones» para que la oposición «intente atrapar el Gobierno».
El principal objetivo de estos cambios a la Carta Magna es, explícitamente, bloquear el acceso a las urnas a aquellos ciudadanos a quienes se les retiró la nacionalidad nicaragüense y fueron catalogados como «traidores». Esta estrategia busca consolidar el poder del régimen, que ya controla el aparato estatal desde hace más de una década, y eliminar cualquier posibilidad de alternancia democrática, interpretada por el gobierno como una «injerencia extranjera».
La comunidad internacional no tardó en reaccionar. Países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá (que incluso retiró a su embajador), Chile y Brasil, junto a organismos como la OEA y la ONU, expresaron su profunda preocupación y rechazo ante las acciones del gobierno nicaragüense. Estos pronunciamientos evidencian el creciente aislamiento de Managua frente al concierto de naciones.
Las modificaciones constitucionales también podrían contemplar la derogación del artículo que limitaba la reelección presidencial, un paso más en la consolidación del poder de Ortega, quien se mantiene en la presidencia desde 2007 en medio de constantes denuncias de fraude y persecución política. La propuesta legislativa se enmarca en un endurecimiento general de la política interna, que ha llevado a la desnacionalización y exilio forzado de numerosos líderes opositores y activistas en los últimos años. Organizaciones internacionales denuncian violaciones sistemáticas a los derechos humanos y civiles, mientras el régimen defiende sus acciones como necesarias para la «soberanía y estabilidad» del país.
Fuente original: Infobae