Un extenso operativo denominado «Operación Pandora» sacudió este miércoles a Panamá, culminando con la detención de diecinueve personas vinculadas a una presunta red de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI). La investigación, liderada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, apunta a desarticular una organización criminal compuesta por funcionarios públicos y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener beneficios económicos millonarios.
La maniobra fraudulenta, según lo revelado por la Fiscalía, consistía en utilizar accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas ya saldadas por contribuyentes. Una vez «desaparecidos» estos pagos, los montos figuraban como «no aplicados» dentro de la plataforma, lo que permitía a la red comercializarlos por su valor real a una entidad crediticia establecida en el país. Se sospecha que algunos funcionarios recibían pagos ilícitos a cambio de realizar estos ajustes internos.
Los allanamientos, que sumaron 23 y se realizaron de forma simultánea en varias provincias panameñas, permitieron incautar equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentación clave que ahora será objeto de análisis pericial. El Procurador General de la Nación, Luis Gómez, participó activamente en las diligencias, subrayando la magnitud del caso que involucra a personal de la DGI y a colaboradores externos.
Este nuevo capítulo se suma a una serie de investigaciones que desde hace tres años ponen bajo la lupa a la DGI por irregularidades en el sistema E-Tax 2.0. Si bien la «Operación Pandora» se enfoca en la eliminación de cuentas pagadas, otras pesquisas, como la «Operación E-Tax 2.0» y «Operación Publicano», investigan la generación y cesión fraudulenta de créditos fiscales sin respaldo comercial. Las cifras del perjuicio económico para el Estado panameño son alarmantes, estimándose entre 40 y 80 millones de dólares, un monto que ha escalado significativamente desde las primeras auditorías. La preocupación de las autoridades radica en que muchos de los implicados ocupaban cargos estratégicos dentro de la propia DGI, facilitando el acceso a herramientas y procedimientos internos.
Fuente original: Infobae