El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está analizando la posibilidad de iniciar acciones legales. La medida se considera luego de que sus agendas completas de 2024 y 2025, junto con conversaciones privadas mantenidas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, fueran incorporadas a un expediente judicial y se hicieran públicas.
Fuentes cercanas al exmandatario confirmaron a la agencia EFE su profundo malestar, argumentando que la documentación difundida excede con creces el objetivo de la investigación que se lleva adelante en la Audiencia Nacional. La controversia surgió cuando el juez José Luis Calama remitió a todas las partes involucradas en la causa no solo el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sino también los anexos completos utilizados para su elaboración.
Entre este material se incluyen más de mil páginas con el volcado íntegro del chat de WhatsApp entre Zapatero y Alcázar, además de las agendas completas del exdirigente socialista de los últimos dos años. La defensa del expresidente sostiene que, antes de divulgar esta información, debería haberse realizado un filtrado previo para separar lo relevante para la investigación de lo que pertenece estrictamente al ámbito privado.
La controversia se origina en un informe de la UDEF, fechado el 22 de junio, donde los investigadores sugieren que Zapatero habría cobrado 200.000 euros por intermediar a favor del grupo empresarial peruano Gloria ante el Gobierno de Bolivia. La policía indica que estas gestiones buscaban evitar una multa millonaria impuesta por la justicia boliviana a la compañía. Para llegar a esta conclusión, los agentes analizaron información del teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, intervenido el 19 de mayo, así como documentos de la oficina del expresidente en Madrid y anotaciones en sus agendas.
Fuente original: Infobae