La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en conjunto con el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, ha puesto en marcha un ambicioso plan de medidas de fuerza escalonadas en todo el país. Estas acciones buscan manifestar el profundo descontento con las políticas sociales y económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Entre las principales amenazas, se destacan los cortes de ruta por tiempo indeterminado y una gran marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.
La tensión se centra, en gran parte, en el futuro del programa «Volver al Trabajo», que actualmente se sostiene gracias a una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana. Esta resolución judicial obliga al Gobierno a mantener los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben 78.000 pesos mensuales, un monto que no ha sido actualizado desde el inicio de la gestión libertaria. Si el Poder Ejecutivo incumple esta medida cautelar, la UTEP advirtió que activará bloqueos de rutas en todo el territorio nacional, algunos de ellos sin fecha de finalización.
Más allá de la cuestión judicial, la estrategia de los movimientos sociales contempla una coordinación ampliada con el movimiento sindical. En recientes encuentros con la Confederación General del Trabajo (CGT) y las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), se coincidió en un diagnóstico preocupante sobre el debilitamiento industrial, la pérdida de empleos y el deterioro del poder adquisitivo. Este consenso busca construir un plan de lucha sostenido y gradual que involucre a todas las organizaciones confederadas, con la mira puesta en una gran movilización federal que desemboque en un nuevo paro general antes de que finalice el 2024.
La agenda de movilizaciones ya tiene fechas clave. El 26 de junio, las organizaciones sociales participarán en el acto de conmemoración de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón. Asimismo, el 7 de agosto, Día de San Cayetano y Patrono del Trabajo, la UTEP prepara una jornada multisectorial para recordar los diez años de la primera marcha bajo el gobierno de Mauricio Macri, con la expectativa de convocar a diversos sectores y mantener el diálogo con la Iglesia.
La «emergencia social desbordante», según Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, se refleja en datos alarmantes. Un reciente informe sobre situación de calle en Argentina revela que el perfil de quienes viven en la intemperie se ha diversificado, incluyendo familias enteras y jubilados sin ingresos, principalmente por la imposibilidad de pagar alquileres. Además, un relevamiento en barrios populares bonaerenses indica que el 86% de los hogares sufre estrés económico, el 77% se priva de alimentos esenciales y el 66% de las familias suprime comidas. Esteban «Gringo» Castro, ex secretario general de la UTEP, lo resumió: «El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación».
Esta situación de crisis también tuvo repercusiones a nivel internacional. Durante la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas unificaron su voz para denunciar los supuestos intentos del Gobierno de desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente en el país.
Fuente original: Infobae