Alerta Coronavirus: Tras el escándalo clausuran el Centro de Salud Norte

A partir de la denuncia realizada por el hermano de una paciente que falleció en la clínica que había ocultado las razones del deceso, la Jueza Arroyo Salgado ordenó la clausura del centro de salud ubicado en Villa Adelina.

 

Centro de Salud Norte

Como lo anticipamos en Ahora Noticias, el Centro de Salud Norte, ubicado en la localidad de Villa Adelina, Partido de Vicente López, se encontraba en la mira de la Jueza Sandra Arroyo Salgado por las irregularidades surgidas tras el fallecimiento de un paciente el pasado 6 de abril.

La paciente fallecida tenía coronavirus y no sólo no fue tratada por esta dolencia, sino que la clínica no informó sobre tal circunstancia tras la muerte de la mujer que se encontraba internada desde el 7 de marzo por una infección urinaria. El diagnóstico de infección con COVID-19, se comprobó post mortem tras la denuncia realizada por Carlos Cellini, hermano de la difunta.  Semejante irregularidad resultó en 13 personas infectadas con el virus COVID-19 entre personal de la clínica, los dueños y empleados de la Cochería que trasladó el cuerpo y, al menos, cuatro familiares.

Ver también: Dueños y Empleados de una Cochería de Ballester infectados con COVID-19 y una Clínica Privada en la mira por no informar que la paciente fallecida tenía el virus.

Este viernes alrededor de las 18:30 horas se inició el operativo para llevar a cabo la medida cautelar dictada por Arroyo Salgado. La orden procura impedir que continúe la propagación del virus y evitar que los 33 pacientes internados permanezcan en riesgo ya que, según precisa la Jueza “no estarían garantizadas las medidas de seguridad ni la atención adecuadas para preservar la salud de los pacientes, ni del personal médico y no médico de la institución.”

Desde el inicio del escándalo, tanto el dueño del Centro de Salud Norte, Benjamín José Teitielbaum, como  el Director Médico, Jorge Pinzetta, trataron de negar su negligencia. Tras la denuncia, desde la clínica difundieron un comunicado en el que aseguraban haber cumplido con los protocolos preventivos recomendados por el Ministerio de Salud y excluyeron la “probabilidad de alguna infección cruzada desde otro paciente internado en la Institución”. Por otro lado,intentaron responsabilizar a la familia de la fallecida por el contagio, alegando que realizaron visitas “encontrándose con síntomas de Covid 19 y lo ocultaron al personal de la clínica”. Esto último fue rotundamente negado por el hermano de la difunta, que aún está a la espera de los resultados del hisopado que le realizaron esta semana.

El operativo de clausura se estaba llevando a cabo conjuntamente entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Región Sanitaria V, la Municipalidad de Vicente López, Policía Federal y PAMI, este último, responsable de la reubicación de los pacientes internados en el nosocomio.

La orden de la Jueza Arroyo Salgado contempló además, el secuestro de historias clínicas y toda documentación relevante para la investigación.

“se ha incorporado el expediente una multiplicidad de elementos probatorios -fundamentalmente a través de testimonios de personas vinculadas de uno u otro modo al Centro de salud – que, conjugado con la totalidad de las circunstancias aunadas permiten sostener con una grado fundado de verosimilitud que, en la clínica en cuestión, se ha desatado un foco infecciosos del virus COVID-19, ya diseminado por la totalidad de la institución con múltiples personas perjudicadas y que además muchas de ellas (pacientes internados) se encuentran en verdadero riesgo, por ser población sumamente vulnerable a los efectos del virus en cuestión. Es decir que nos encontramos frente a un cuadro de situación de extrema gravedad en el marco de a emergencia sanitaria en la que se encuentra no solo nuestro país, sino el mundo entero, y cuyas consecuencias resultan hasta ahora de alcance desconocido” consideró la Jueza.

Si bien la idea no es cerrar definitivamente el Centro de Salud, sobretodo en medio de la pandemia que se está atravesando, la Jueza aclara en su resolución que, en base del Artículo 23 del Código Penal,  se podría disponer el decomiso preventivo de inmuebles y bienes relacionados con el delito, pudiendo el Estado actuar como depositario judicial.

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